Novedades

El ordenamiento jurídico chileno establece salvaguardias específicas para personas afectadas por violencia sexual. Entre las principales protecciones destacan:

• Resguardo de la identidad: Confidencialidad absoluta durante la investigación y proceso judicial.
• Participación informada: Derecho a recibir explicaciones claras sobre cada etapa del procedimiento.
• Intervención activa: Facultad para presentar pruebas, recurrir resoluciones y solicitar medidas cautelares.
• Trato humanizado: Obligación de las autoridades de evitar preguntas impertinentes o conductas revictimizantes.

Red de Apoyo Multidisciplinario

Las personas afectadas pueden acceder a:

1. 1. 1. Asistencia médica especializada:
         – Exámenes forenses con protocolos de no revictimización
         – Atención ginecológica/urológica de urgencia.
         – Profilaxis para infecciones de transmisión sexual.
      2. Soporte psicosocial:
         – Terapia psicológica gratuita e inmediata.
         – Acompañamiento durante declaraciones y audiencias.
         – Programas de rehabilitación a mediano y largo plazo.
      3. Representación legal:
         – Patrocinio jurídico gratuito por parte de la Corporación de Asistencia Judicial.
         – Asesoría en demandas civiles por daño moral y material.

Mecanismos de Protección Judicial

El sistema contempla herramientas específicas para salvaguardar a las víctimas:

• Medidas cautelares: Prohibición de acercamiento del agresor.
• Declaraciones grabadas: Para evitar repetir testimonios traumáticos.
• Salas Gesell: Espacios adaptados para declaraciones de menores de edad.
• Protección de testigos: Programas de resguardo para colaboradores con la investigación.

Principios Rectores del Sistema

Estas garantías se fundamentan en:

• Presunción de veracidad: Valoración especial del relato de la víctima.
• Perspectiva de género: Análisis libre de estereotipos discriminatorios.
• Interés superior: Priorización del bienestar emocional sobre formalismos procesales.
• No impunidad: Exigencia de investigación exhaustiva de los hechos.

Estrategias de Prevención Secundaria

Además de la respuesta judicial, existen políticas públicas complementarias:

• Capacitación permanente a funcionarios policiales y judiciales.
• Protocolos unificados para la recolección de evidencia.
• Campañas de sensibilización sobre derechos y canales de denuncia.
• Sistemas de alerta temprana para casos de reincidencia.

Esta estructura normativa y asistencial busca restablecer el proyecto de vida de las personas afectadas, combatiendo simultáneamente la impunidad mediante un abordaje integral que conjuga justicia punitiva con reparación humana.