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¿Cuál es la responsabilidad del Representante Legal?

El representante legal, entendido como tal, puede adoptar diversas denominaciones según su estructura, tales como Gerente, Administrador, Agente o incluso un Directorio, al tratarse de una empresa privada con una estructura más compleja. En organizaciones comunitarias, tales como juntas de vecinos u otras asociaciones funcionales, esta figura recae legalmente en el “Presidente” o “Delegado Legal”, en el caso de que los estatutos internos tuvieran definida dicha figura que no es propia del ordenamiento jurídico, pero que puede implementarse a través de normativas internas. Independientemente del título y condición, su función es clave, pues actúa como la voz y gestor de la personalidad jurídica a la que representa ante la ley.

Marco Legal y Principios Rectores

El representante legal se rige por normas específicas y principios generales del Derecho, que orientan su conducta incluso cuando la ley no regula expresamente una situación en particular. Estos principios son fundamentales para resolver conflictos o vacíos legales y pueden agruparse en cuatro deberes bien diferenciados, que en el caso de organizaciones sociales, deben extenderse al resto de los directivos que componen la Directiva.

1. Deber de Cuidado y Diligencia

El representante legal debe actuar con la prudencia y dedicación que su cargo le infunde. Por ejemplo, en la arista privada, actuar tal cual como un empresario responsable aplicaría en sus propios negocios; o un presidente de una asociación de emprendedores o de una junta de vecinos haría como si se tratara de sus propios asuntos. Esto implica, en definitiva, tomar decisiones informadas, evitar negligencias y garantizar una gestión eficiente.

Base Legal:

La normativa jurídica chilena señala que:

“Los directores deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios, respondiendo solidariamente por los perjuicios causados a la Sociedad y a los accionistas por actuaciones dolosas o culpables.”* (Art. 41, Ley 18.046).

Dicho principio aplica también al presidente de una junta de vecinos, quien debe velar por el correcto uso de los recursos comunitarios.

2. Deber de Velar por el Interés Social

El representante legal debe priorizar el bienestar colectivo por sobre intereses individuales. En una empresa, esto significa anteponer el éxito del negocio a las demandas particulares de sus colaboradores. En una organización vecinal, implica tomar decisiones que siempre beneficien a la comunidad, no solo a grupos específicos y mucho menos solo a sus pares.

3. Deber de Confidencialidad

Está obligado a resguardar información sensible de la empresa o de la organización social, cuando se trate de una de estas, salvo cuando dicho ocultamiento perjudique el interés social o encubra ilegalidades. Por ejemplo, el representante legal de una empresa no puede ni debe encubrir información respecto de delitos económicos realizados al interior de su organización, así como tampoco el presidente de una junta de vecinos no puede ni debe negarse a transparentar información sobre el uso de los recursos o la distribución de algún beneficio, entre otros.

4. Deber de Información y Transparencia

Debe proporcionar datos fidedignos y oportunos sobre la situación legal, económica o administrativa de la entidad. En caso de irregularidades, está obligado no solo a exigir explicaciones, sino que también a rendir cuentas, aún cuando él no sea el responsable de dichas irregularidades.

Mecanismos de Control:

Si hay sospechas de mala gestión, los afectados en el ámbito privado pueden iniciar un “juicio de rendición de cuentas”, un proceso legal diseñado para evaluar la administración y exigir responsabilidades.

En el caso de las organizaciones sociales, la figura es una Asamblea Extraordinaria, la que puede ser convocada por:

  1. El presidente de la junta de vecinos.
  2. Al menos el 20% de los miembros activos ó
  3. El secretario, tesorero u otro director que logre apoyo por mayoría simple de la directiva (Art. 17 Ley 19.418), por lo que si la directiva tiene 5 miembros, necesitará 3 votos a favor (incluyendo el del propio solicitante). Si la directiva tiene 6 o 7 miembros, se requieren 4 votos.

Conclusión

Ya sea en una empresa o en una organización comunitaria, el representante legal debe guiarse por principios de diligencia, transparencia, confidencialidad y lealtad al interés colectivo. Cumplir con estos estándares no solo evita sanciones legales, sino que fortalece la confianza en su liderazgo.

En el ámbito vecinal, de hecho, el presidente o delegado legal asume un rol similar al de un director corporativo: su gestión impacta directamente en el bienestar de la comunidad, por lo que debe actuar con ética y responsabilidad.